Ideeleradio.- La dilación en la investigación del Caso Business Track y Petro Tech, sumada a la inhabilitación que se pretende imponer al ex ministro Fernando Rospigliosi, indicaría que existe una confabulación política para generar impunidad y sancionar a quienes denunciaron el negociado de Discover Petroleum, afirmó el ex procurador Ad Hoc, José Ugaz.Fue al comentar tanto, la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de aprobar la inhabilitación de Rospigliosi Capurro, en base a una acusación sustentada por el aprista Aurelio Pastor, como la demora en los juicios seguidos a Rómulo León y Alberto Químper, protagonistas de varios “petroaudios” en que mencionan a una serie de funcionarios públicos.
“Lo objetivo es que aquí no se está avanzando y no parece haber voluntad política para dotar de condiciones a los jueces para que avancen. Ahora si uno suma, que por un lado se paraliza los procesos y por otro viene una ofensiva en cabeza del congresista (Aurelio) Pastor, vinculada estrechamente a una de las personas que aparece mencionada en esos audios y sujeta a la investigación, todo podría indicar de que aquí hay una confabulación política para -por un lado- generar impunidad a quienes estuvieron involucrados en estos actos de corrupción y -por otro lado- tratar de voltear la torta y perseguir y sancionar a quienes lo denunciaron (este negociado petrolero)”, indicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Pastor tendrá que dar cuenta de sus mentiras
El ex abogado del Estado remarcó, en ese sentido, que está basada en imputaciones falsas, la acusación presentada contra Rospigliosi Capurro por las supuestas irregularidades en la contratación del Consorcio para la Ética Pública (Proética) para la supervisión de adquisición de uniformes para la Policía.
“Yo también fui parte en esta situación cuando fui presidente de Proética, cuando se suscribieron esos convenios. Eso es una manipulación grosera para concretar una venganza sobre alguien que finalmente ventiló públicamente una red corrupta al interior del gobierno (Caso Discover Petroleum)”, enfatizó.
“Aquí se han dicho muchas falsedades y el congresista (Aurelio) Pastor va a tener que dar cuenta de las mentiras que ha soltado públicamente, en el sentido de que los uniformes que fueron objeto de esa licitación no se han utilizado. Yo lamento que el ex contralor haya incurrido en el error de que estos uniformes han sido inservibles y que según Pastor están almacenados. Cualquier policía que camina a nivel nacional está con el uniforme que fue objeto de esa licitación y éste sigue estando en condiciones de uso, por su calidad”, agregó.
Negó, además, otra de las versiones del congresista aprista, sobre la contratación de personal inexperta en la supervigilancia del procesó que convocó en su momento el Ministerio del Interior.
“Proética lo que hizo fue administrar un proceso de supervisión y para eso se trajo a un experto colombiano que tenía más de 80 observaciones en procesos similares en su país, miembro de Transparencia Internacional y se contrataron especialistas en cada rubro, para analizar las telas y el calzado”, informó.
“A los especialistas se les pagó directamente vía PNUD, el dinero alcanzó los 25 mil dólares aproximadamente. Gracias a ese proceso se ahorró tres millones de soles y eso es algo que no se ha dicho. Toda la distorsión de la realidad tiene un único objetivo, que es vengarse en la cabeza de Fernando Rospigliosi por el escándalo de los petroaudios en que se ha visto involucrada gente del partido de gobierno”, insistió.
Caso Business Track y León-Químper deben ser prioridad
Cuestionó también que las autoridades no pongan énfasis en dos temas muy delicados, que debieron ser puestos como prioridad en la agenda judicial: El caso Business Track y el expediente Rómulo León-Alberto Químper-Discover Petroleum.
“Hay que distinguir el proceso contra León, Químper y otros; y el proceso penal que se abre contra los presuntos responsables de esas interceptaciones (Business Track). En ambos casos lo que vemos es parálisis. El juez (Jorge) Barreto se ha quejado de que no hay condiciones para nombrar al perito (en el caso León-Químper). Han pasado varios meses, desde octubre a la fecha y hasta el día de hoy no se puede analizar la información que tiene la computadora de León Alegría y eso es inaceptable. Y en el otro caso (Business Track), hemos visto que la jueza es cambiada. Luego restituida y hasta el día de hoy no se puede analizar e investigar la información contenida en los elementos que han sido incautados”, recordó.
“Esto debió haber sido puesto como número uno en la agenda judicial y debió haberse dotado de los recursos a ambos jueces para que procedan a hacer la investigación con la celeridad que el caso requiere, porque esto tiene connotaciones directamente en la vida política del país y podría ser una fuente de inestabilidad”, concluyó.


