Presidente de Comisión de Fiscalización: Nadine Heredia y Pilar Nores deberían ser investigadas por este grupo de trabajo

Ideeleradio.- La Comisión de Fiscalización debería encargarse de investigar por separado a Nadine Heredia y Pilar Nores, esposas de líder nacionalista Ollanta Humala y del presidente Alan García respectivamente, si es que no se aclaran las denuncias formuladas en su contra, afirmó Eduardo Espinoza (UPP), presidente de ese grupo de trabajo.

“Mi opinión personal es que se tiene que esclarecer y demostrar la transparencia tanto de la esposa del señor Ollanta (Humala), como del presidente (Alan García), a fin de que la gente esté tranquila y segura de sus autoridades. Cada uno de ellos, aparte de la investigación, está en la obligación de presentar sus ingresos y sus ahorros, para que se evite toda especulación”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“(Para invitarlas) tendríamos que determinarlo en la Comisión, yo planteó los temas y allí se determinará. Si hubiera indicios y sospechas, habría argumentos suficientes, creo que sí (deberían ser citadas). Pero si las cosas se aclaran, ya no sería necesario. Pero, si hay denuncias y dudas, si creo que la Comisión de Fiscalización debería encargarse de hacer las investigaciones”, agregó.

Fue al referirse al caso de Nadine Heredia, a quien se le acusa de haber recibido dinero de un diario de Venezuela por una asesoría que no habría realizado, y a la denuncia reciente del Partido Nacionalista, que pidió indagar la gestión de Pilar Nores en la ONG Vida y Familia y el programa Sembrando.

Presidente del BN iría al Congreso la próxima semana
En otro momento, adelantó que la Comisión de Fiscalización evaluará hoy formar una subgrupo de trabajo o abordar en pleno, la denuncia del presunto copamiento aprista en el Banco de la Nación. Confirmó que ya se solicitó información al presidente del Banco de la Nación, Humberto Meneses.

“Estamos solicitando información al presidente del directorio del Banco de la Nación y lo citaríamos la próxima semana a la comisión, para que responda a la denuncia y ver si esto amerita de acuerdo a la información que nos dé, hacer un grupo de investigación o que la comisión en pleno se abocaría a hacer la investigación correspondiente”, refirió.

“Para la próxima semana, hemos incluido en la agenda del miércoles próximo, al jefe de la Sunat y otro funcionario para ver un caso (de sobrevaluación en la compra innecesaria de 105 pistolas). Hoy después de la sesión vamos a ver si hay espacio para incluir al presidente del directorio del Banco de la Nación, teniendo en cuenta de que ese día hay pleno. Si el pleno es por la tarde, estaríamos invitando a este funcionario (para ese día)”, acotó.

Caso del Gerente de Auditoría del BN
Estimó que de ser el caso citarán al Gerente de Auditoría del Banco de la Nación, Franklin Aranaga Meneses, quien -según información periodística- no habría fiscalizado la contratación de militantes apristas, por sus vínculos con el partido de la estrella. Aranaga Meneses al igual que su padre Franklin Aranaga Manrique (regidor de la Municipalidad de Surquillo) militan en el Apra, según el padrón de esa agrupación presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Naturalmente si él (Gerente de Auditoría del Banco de la Nación) está también implicado, tendrá que ser invitado para que dé la información en las investigaciones que se va a realizar. (Recordemos) que en el Banco de Materiales, la comisión formuló acusaciones por mayoría y será el Ministerio público y el Poder Judicial, los que tienen que tomar las determinaciones”, agregó.

Debe reforzarse Comisión de Fiscalización
Finalmente, advirtió que la Comisión de Fiscalización no tiene material humano técnico suficiente para atender la cantidad de denuncias de diferente índole que se han presentado ante el Congreso.

“Voy a informar de esto, porque tenemos que pedir apoyo a la Contraloría o la Superintendencia de Banca y Seguros para que nos proporcionen los técnicos. Creo que la Comisión de Fiscalización debe ser bien reforzada y evitar tantos subgrupos de investigaciones que a la larga casi no dan resultado”, declaró.

Mario Huamán: Apra colocó a más de 300 militantes en el Banco de la Nación en últimos dos años

Ideeleradio.- Más de 300 militantes del Partido Aprista Peruano fueron contratados en el Banco de la Nación en los dos últimos años, informó Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), al comentar que existe un total copamiento por parte del gobierno de turno en dicha institución.

“Tengo información que me han proporcionado dirigentes y trabajadores del Banco de la Nación, que en los dos últimos años han ingresado 553 trabajadores con nombramiento, de los cuales lícitamente ingresaron 250 por efecto de la Ley 27803, por ser despedidos de la dictadura del fujimorismo. Pero el Apra en ese contexto del nombramiento ha aprovechando esa ley, ha metido a su gente, a 303 personas”, declaró al programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

El dirigente manifestó que en el caso del secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, tenía que retornar a la entidad donde fue despedido, que era Essalud y no al Banco de la Nación.

“Se tiene que investigar que aquellos 250 que han ingresado están laborando o haciendo labor política. Y es mentira lo que dice el presidente de dicha entidad, que ingresaron producto de la ley”, aclaró.

Reactivado Comando Rodrigo Franco estaría detrás de asesinato de dirigentes
En otro momento, comentó el asesinato de Luis Palomino Hurtado (54), un dirigente de Construcción Civil del cono norte, quien fue asesinado a balazos por desconocidos, cerca de su vivienda en Comas (Lima).

Al respecto, recordó que hace mes y medio atentaron contra la vida del secretario general de la CGTP de Chincha, Guillermo Balbuena, quien se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati. Deslizó la posibilidad de que detrás de esto, esté una suerte de reactivado comando Rodrigo Franco con trabajadores de filiación aprista

“Podríamos decir (que es) una reactivación del comando Rodrigo Franco, lo cual es algo indignante, pero no tiene que ver con el verdadero obrero de construcción, quien trabaja y defiende las obras, y que son víctimas de armas de fuego que utilizan delincuentes y también gente vinculada a esa federación de construcción aprista (CTP)”, señaló.

“Incluso Sergio Téllez que me amenazó de muerte y es mano derecha de (Augusto Ramos) Dolmos (secretario general de la federación de construcción aprista) lo encontró la policía in fraganti haciendo una extorsión, lo mandaron al fiscal y luego lo iba a trasladar a Lurigancho, pero un alto dirigente aprista lo benefició, sacándolo de la cárcel, con lo cual se legalizan los atracos. Es por ello que no hay una voluntad política para detener esta situación”, agregó.

Actos delictivos por parte de mafias de construcción
Informó que ante los eventuales agresiones y muertes a dirigentes de construcción civil, los agremiados a la CGTP permanecen al margen de cualquier acto de violencia que linde con lo delincuencial o la extorsión a las empresas. Remarcó, en ese sentido, que detrás de todos estos ilícitos estaría el gremio de construcción civil aprista.

“En la primera etapa del (segundo) gobierno aprista también la Policía comenzó a erradicar a estas bandas delincuenciales, pero cuando entró el señor (Enrique) Cornejo se paralizó toda acción, porque el Apra comenzó a formar sindicatos paralelos y mucha gente que está metida en esa federación aprista financiada por el propio mandatario, está reunida por gente prontuariada que genera hechos de violencia y muertes”, declaró.

Manifestó que las grandes bandas dirigen sus acciones delincuenciales desde la prisión, ubicando las direcciones de los ingenieros, atacando las obras y pidiendo el 1% ó 2% del costo total de las obras. Refirió que incluso se colocan a 30 o 40 personas cómo resguardo de la zona o para atacar nuevas obras, actividad que ya ha sido detectada por la Policía Nacional.

“Por ejemplo cuando el presidente Alan García convocó a los inversionistas de construcción, alcaldes y empresas a mediados de marzo a una reunión, una de estas (compañías) denunció que lo extorsionaban con diez mil soles semanales, siendo la obra dirigida por el secretario general de la federación de construcción aprista, Augusto Ramos Dolmos, que es un prontuariado. Está esta llena de delincuentes y como el Ministerio de Trabajo los legaliza, atacan y pretenden disminuir la capacidad de diálogo de nuestro gremio”, concluyó.

Gladys Echaiz: Jueza de caso petroaudios debe dedicarse exclusivamente a revisar material incautado

Ideeleradio.- La jueza María Martínez Gutiérrez encargada de investigar a Business Track, debería dedicarse exclusivamente a trabajar, visualizar y revisar todo el material incautado a esta empresa, para identificar a los involucrados en el caso de los petroaudios, planteó la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz.

“Espero que así sea (se actúe con celeridad). Un fiscal en cuatro meses logró avances y ya llevamos desde febrero hasta ahora y los avances por lo menos no los conozco. Hasta donde yo supe las cosas estaban un poco detenidas y ojalá que ahora que la doctora está a dedicación exclusiva se pueda caminar para lograr resultados y dedicarse a trabajar sobretodo el material que se incautó, especialmente eso”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio”.

“(De lo contrario) la situación continuará y no pasará nada, se frustará las investigaciones en el camino y esto podría llevar a que el delito continúe. (…) No sabemos nosotros, si en el momento en que estamos definiendo estrategias y estamos hablando por teléfono, eso está llegando a manos de personas con la que vamos a trabajar, eso (falta de resultados en la investigación) alienta al delito. Vamos a tener que terminar contratando asesores para un contraespionaje”, añadió.

Alertó que se debe poner a buen recaudo el material incautado, para evitar que este sufra alguna alteración o pérdida.

Caso Madre Mía podría reabrirse
Aseguró que el caso Madre Mía, en el que está involucrado el líder nacionalista Ollanta Humala, podría reabrirse, si es que salen a la luz evidencias que lo sindicarían como responsable de cargos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de tres pobladores del caserío Pucayacu, cometidas en 1992 cuando ejercía la jefatura de la Base Militar de Madre Mía.

“Supongo que no se ha logrado individualizar a los autores y a los sindicados no ha habido quien directamente los involucre, porque de lo contrario no se justificaría un archivo, que en todo caso hay que revisar. Es un tema donde inicialmente salieron agraviados que daban nombres, reconocían personas y posteriormente se retractaron”, aseveró.

“Hay que evaluar la decisión del fiscal (de no formular acusación) y si ésta ha subido a un superior y si ha sido confirmada o no. Ese es un tema que podría estar pendiente. Si logramos encontrar evidencias, eso se reabre. Cerrar una investigación no significa archivarla definitivamente por que la decisión fiscal no tiene carácter de cosa juzgada”, aclaró.

Como se recuerda, la Sala Penal Nacional archivó definitivamente el proceso penal contra el líder nacionalista y lo declaró inocente por estos cargos. El tribunal acogió así la opinión del fiscal superior Víctor Cubas, quien desistió de formular acusación al no encontrarse pruebas contundentes en el expediente de la autoría de Humala Tasso.

Ministerio Público no fue convocado sobre nuevo Plan VRAE
En otro momento, Echaiz Ramos aseveró que el Ministerio Público no fue convocado para abordar el nuevo Plan VRAE, elaborado por el Poder Ejecutivo. Indicó que le hubiera gustado conversar con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a fin de explicarle la experiencia de los fiscales que operan en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE).

“No, para nada (no fuimos convocados). Sólo me visitó un asesor del presidente del Consejo de Ministros para decirme que iban a haber unas reuniones y se iba a hacer un trabajo y quería escuchar mi opinión, aunque me hubiera gustado dársela al primer ministro. Con mucho gusto le expuse mi punto de vista, la forma como considero debe tratarse le problema, me dijo que lo iba a transmitir, pero eso fue todo”, aseguró.

“El Ministerio Público en Ayacucho tiene fiscalías donde ni siquiera hay puestos policiales, por tanto tenemos un conocimiento muy cercano de la realidad. Los fiscales levantan actas por todo, por tanto están informados de lo que pasa. No somos militares, ni policías, pero manejamos estrategia e investigación fiscal. Los que estamos en estos niveles trabajamos el terrorismo en los años 80 y 90 y tenemos algún tipo de experiencia en el tema”, añadió.

En ese sentido, rechazó los cuestionamientos de algunos sectores políticos que señalan que los fiscales al citar muchas veces a militares involucrados en violaciones de derechos humanos, retracen el accionar dirigido a acabar con los remanentes de Sendero Luminoso.

“Esto lo tomo como una broma, no sé si alguien puede hacer retroceder a un militar que se encuentra en un operativo. Ni en broma es aceptable. Cuando se hace una citación se hace con la anticipación debida y si alguien tiene un impedimento lo comunica. Los militares deben colaborar con las investigaciones”, aseguró.

Recusación planteada por defensa de Fujimori no se ajusta a la ley
Señaló que la recusación planteada por la defensa del ex jefe de Estado, Alberto Fujimori, contra los vocales de la Sala Penal Especial que verían el caso de la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por concepto de "Compensación de Tiempo de Servicios", no se ajusta a ley, pues la causal en que se sustenta este pedido no se enmarca en lo que indica la normatividad vigente.

“La ley establece claramente cuáles son las causales de la recusación y dentro de estas causales no está la que se invoca, además, esta Sala ha conocido con toda la transparencia un tema que es distinto al de la corrupción, pues era un tema de homicidio, de derechos humanos”, dijo.

La titular del Ministerio Público recordó que el proceso que se iniciará próximamente contra el ex mandatario es un tema vinculado a irregularidades en la administración pública, que no tiene nada que ver con los casos de lesa humanidad.

“De acuerdo a la postulación que hace el Ministerio Público, ha sido una incorrecta utilización del dinero, o apropiación de los dineros para fines de utilidad personal o del grupo que integraba el ex presidente Fujimori. Eso está claro”, concluyó.